viernes, 31 de agosto de 2012


MANIFESTACIÓN EL SÁBADO ANTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LA SALUD PÚBLICA ''NO ES UN PRODUCTO COMERCIAL''

Fuente de información: www.canariasahora.com

Los colectivos de inmigrantes en Canarias exigen la derogación del decreto que pretende cobrar la la asistencia sanitaria a 'sin papeles'.

La Plataforma Canaria por los Derechos Humanos de las Personas Migrantes ha mostrado este jueves su rechazo ante las disposiciones establecidas por el Real Decreto 16/2012 por el cual los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, van a verse desatendidos a partir del próximo 1 de septiembre, afirmando que la salud pública "no es un producto comercial" que pueda privatizarse.

La organización, que congrega a colectivos como Médicos del Mundo, asociaciones de inmigrantes y sindicatos, ha exigido la derogación del decreto, y ha pedido una respuesta contundente y clara por parte del Gobierno de Canarias sobre cómo va a poner en marcha dicha norma jurídica.

Con el fin de hacer llegar este mensaje ante las autoridades, la plataforma ha anunciado que realizará una concentración ante la Delegación de Gobierno el próximo sábado, 1 de septiembre, a las 12.30 horas.

El secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) y enfermero del Servicio Canario de Salud, Teodoro Bondyale, ha concretado también que el decreto viola el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Artículo 43 de la Constitución Española, por el cual se especifica el derecho al acceso al servicio sanitario de toda la población.

Asimismo, ha asegurado que esta medida pone en peligro la vida de "miles de personas" y se ha justificado con un discurso "xenófobo y falso" de que la población inmigrante en situación irregular "es una carga" para la Sanidad Pública, "cuando se ha comprobado que su aporte a la financiación sanitaria es mayor al coste que genera", ha informado en rueda de prensa.

Por su parte, la portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Mercy Yañez, ha señalado que esta situación a la que se enfrentan los inmigrantes mayores de 18 años a partir de septiembre es un preámbulo para la "inminente" privatización de la Sanidad y de la Educación "que también afectará a la población nativa".


No supondrá un ahorro de costes

En referencia al ahorro que desde la Administración estatal se prevé conseguir con la aplicación de este decreto, ha dicho que "no va a producirse", ya que si un sector de la población no se vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, como puede ser el caso de una simple gripe, se configurará como un nicho de riesgo que podrá transmitir dichas afecciones al resto de la población.

En este contexto, también ha señalado que el diagnóstico y tratamiento "a tiempo" de enfermedades graves evitaría intervenciones posteriores que, debido a la mayor complicación de la afección, generarían "un mayor coste".

Por este motivo, ha exigido la derogación decreto ley y ha emitido un llamamiento a la población, y en concreto a los profesionales sanitarios, a que ejerza la desobediencia civil ante normas "injustas y contrarias a los Derechos Humanos.

Yo sí atiendo

Bondyale ha explicado que el decreto vulnera del derecho del profesional de la Salud a cumplir con el Código Deontológico por el cual se ha comprometido a auxiliar a todas las personas, "un logro que ha conseguido este país y no puede permitirse el lujo de perder".

Por este motivo, la coordinadora técnica de Médicos del Mundo en Canarias, Elena Cáceres, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña Derecho a curar, por la que la organización hace un llamamiento a los profesionales médicos que quieran atenerse al derecho de objeción, un amparo profesional que se basa en el cumplimiento del Código Deontológico y en el derecho a la salud, y al que ya se han atenido 216 médicos y enfermeros de Canarias.

Asimismo, ha anunciado que la plataforma 'Yo sí atiendo', está promoviendo la firma del documento de objeción, que se entregará de formalmente en los Colegios de Médicos, en la Consejería de Sanidad, en la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria y en las gerencias y oficinas de los Centros de Salud.

Posición del Gobierno de Canarias

La plataforma ha exigido al Ejecutivo autonómico que de una contestación "clara" sobre cómo va a poner en práctica el Real Decreto, considerando que la opinión "sesgada" que hasta el momento ha dado el Gobierno canario induce "a error, a interpretaciones y a bulos".

En esta línea, han considerado que el colectivo se encuentra ante una situación de incertidumbre al desconocer cómo se va a organizar la atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados, ya que diferentes fuentes han afirmado que algunos casos y patologías sí serán atendidos por los servicios de sanidad públicos.

Finalmente, han pedido a la Administración regional que se una a las comunidades autónomas de Andalucía, País Vasco, Cataluña y Castilla y León, que han mostrado su rechazo a la norma jurídica.

51 sanitarios de Canarias se declaran objetores para atender a 'sin papeles'

Fuente de información: www.canariasahora.com

La mayoría son médicos de Atención Primaria, pero también se han registrado enfermeros, interinistas o psiquiatras.

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Un total de 1.731 profesionales sanitarios de toda España, 51 de ellos en Canarias, la mayoría médicos de Atención Primaria, han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o sin papeles a partir del 1 de septiembre, cuando entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad por la que pierden su derecho a tener una tarjeta sanitaria.

Así se desprende de los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a esta medida, aunque posteriormente lo abrieron a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.

De hecho, aunque el grueso de los objetores son médicos de Atención Primaria (72% del total de los profesionales inscritos), también se han registrado 86 profesionales de Enfermería, 58 internistas, 56 psiquiatras, 31 pediatras, y 21 ginecólogos y obstetras.

Por comunidades, Madrid es la región con más profesionales sanitarios contrarios a la medida del Ministerio de Sanidad, 378, uno de cada cinco de todos los inscritos en el registro de semFYC.

A esta comunidad le siguen Cataluña (215), Comunidad Valenciana (163), Aragón (142), Andalucía (133), Galicia (115), Castilla y León (99), Baleares (91), Castilla-La Mancha (59), País Vasco (58), Asturias (52) Canarias (51), Extremadura (50), Navarra (46), Murcia (43), Cantabria (26), La Rioja (9) y Melilla (1).

Por provincias, Madrid también lidera el ranking duplicando en número de objetores a Barcelona, con 175, la segunda por delante de Zaragoza (117), Valencia (111), Baleares (91) y Pontevedra (69).

Llama la atención la presencia de objetores en algunas comunidades como Andalucía o País Vasco, a pesar de que sus Gobiernos autonómicos ya han mostrado su intención de no aplicar la medida y permitir la asistencia a los inmigrantes.

En todos los casos, los profesionales registrados entienden que la medida impulsada por la ministra del ramo Ana Mato es "contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer".

Además, el presidente de semFYC, Josep Basora, ha reclamado al Gobierno que elabore un paquete básico de servicios para este colectivo que integrarían la Atención Primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud). "Así estaríamos en condiciones de resolver la mayoría de problemas de salud que padecen", ha asegurado.

jueves, 30 de agosto de 2012


PLATAFORMA CANARIA POR LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS MIGRANTES
 
 
Esta Plataforma nace el 21-08-12, con la pretensión de alcanzar todo el territorio canario en la defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes.

Compuesta fundamentalmente por Asociaciones y Federaciones de inmigrantes y apoyada por otras entidades canarias de solidaridad con los nuevos ciudadanos.

Los destinatarios del trabajo de la Plataforma si bien se centrará en las personas inmigrantes, consideramos desde nuestros valores y principios, que "pertenecemos a la misma familia, la familia humana" como lo afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Preámbulo, ello implica para nosotros que tanto nativos como extranjeros somos iguales, y como iguales no caben exclusiones ni diferencias discriminatorias en nuestra concepción de una Ciudadanía Universal.

El primer eje de trabajo se centrará en la lucha por la SANIDAD PÚBLICA (gratuita) y UNIVERSAL (para todos y todas, nativos como extranjeros). En este sentido, la primera acción que desarrollaremos será con motivo de la entrada en vigor el 01.09-12 de la norma que elimina la sanidad pública y universal para las personas inmigrantes y para los españoles en determinadas circunstancias de exclusión social:

   CONTENIDO DE LA ACCION
Concentración ante la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria
                  Fecha de la acción: 01-09-12        Hora: 12:30
 

SI ERES INMIGRANTE ÚNETE,

SI NO, SOLIDARÍZATE. UNIDOS PODEMOS!

Convocan:

  • FERINE
  • CASA ARGENTINA
  • TODOS SOMOS MIGRANTES PATRIA ES HUMANIDAD
  • VENEZUELA HABLA CANTANDO
  • FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE AFRICANOS EN CANARIAS

  • ASOCIACIÓN DE DOMINICANOS EN CANARIAS
  • ASOCIACIÓN DE URUAYOS EN GRAN CANARIA

  • ASOCIACIÓN DE SENEGALESES
  • ASOCIACIÓN BISILA

  • SINDICATO COBAS
  • SINDICATO CCOO
  • SINDICATO UGT
  • SINDICATO INTERSINDICAL CANARIA

  • CEAR
  • AMNISTIA INTERNACIONAL
  • CARITAS
  • PATIO DE LAS CULTURAS
  • MEDICOS DEL MUNDO
  • YO SI ATIENDO

  • COORDINADORA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
 
 
PLATAFORMA CANARIA
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

MANIFIESTO POR EL DERECHO UNIVERSAL A LA SALUD
 

El primero de septiembre se negará la atención sanitaria pública a distintos colectivos, entre los que se encuentran los extranjeros mayores de 18 años no autorizados como residentes, contraviniendo tanto el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual el Estado español es firmante, como el art. 43 de la Constitución Española que especifica el derecho a la protección de la salud de las personas.
 
Esta medida pone en peligro la vida de miles de personas justificándose por medio del discurso xenófobo y falso de que la población inmigrante en situación administrativa irregular es una carga para la sanidad pública, cuando se ha comprobado que su aporte a la financiación sanitaria es mayor que el coste que esta misma representa.
 
La población inmigrante también contribuye a financiar el sistema sanitario a través de los impuestos: IVA, IGIC, impuestos por el juego, impuestos especiales, etc.

Denunciamos
 
 que están recortando todos aquellos sectores primordiales para la vida y subsistencia de la mayor parte de la sociedad, es el caso de la sanidad, la educación o los servicios sociales, que están pasando de ser derechos universales a ser mercancía privatizable.
 
Denunciamos

la criminalización de la población inmigrante así como de la objeción de conciencia y la desobediencia civil, ante lo que va a suponer la pérdida del derecho fundamental a la salud, así como la vulneración del derecho del profesional de la salud al cumplimiento de su código deontológico.
Entendemos

que esta contrarreforma afecta el derecho fundamental a la salud, que la discriminación sanitaria es contradictoria con las políticas de salud pública.
 
Exigimos:
 
-La derogación del Real Decreto Ley 16/2012.
-Un pronunciamiento claro por parte del gobierno canario sobre la aplicación de este Real Decreto.
 
Llamamos
 
a la población en general, y en concreto a los profesionales sanitarios, a la desobediencia civil de normas injustas contrarias a los Derechos Humanos.

Queremos
 
hacer notar que lo que se pretende imponer en materia sanitaria, al romper con el principio básico de universalidad de la sanidad, abre la posibilidad real de que lo que hoy se arrebata a los inmigrantes mañana se hará también a la población en general.
Apoyan

FERINE
CASA ARGENTINA
TODOS SOMOS MIGRANTES PATRIA ES HUMANIDAD
VENEZUELA HABLA CANTANDO
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE AFRICANOS EN CANARIAS
ASOCIACIÓN DE DOMINICANOS EN CANARIAS
ASOCIACIÓN DE URUAYOS EN GRAN CANARIA
ASOCIACIÓN DE SENEGALESES
ASOCIACIÓN BISILA
SINDICATO COBAS
SINDICATO CCOO
SINDICATO UGT
SINDICATO INTERSINDICAL CANARIA
CEAR
AMNISTÍA INTERNACIONAL
CARITAS
PATIO DE LAS CULTURAS
MEDICOS DEL MUNDO
YO SI ATIENDO
COORDINADORA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Para más información, Wilson Huachamín Vega, Responsable de Comunicación, 606 394 621 y w.ilhega23@hotmail.com



DURANTE UNA REUNIÓN INFORMAL CON LAS CCAA

Mato dice que ningún extranjero quedará desatendido, pero sin tarjeta deberán pagar
VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) –
Fuente de información: www.europapress.es
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado este miércoles que, tras las reformas en el Sistema Nacional de Salud, "ningún extranjero quedará desatendido" pero ha recordado que quien no tenga la tarjeta sanitaria tendrá que abonar el coste de la asistencia que reciba.
 
Mato participa este miércoles en la sede de la Junta de Castilla y León en una reunión informal junto a consejeros de Sanidad de nueve comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León) en la que se abordarán asuntos relacionados con la política de Recursos Humanos de las administraciones.
En la introducción del encuentro, la ministra ha realizado un balance del proceso de reformas que se han llevado a cabo en el Sistema Nacional de Salud y que, a su juicio, han supuesto "un paso hacia la universalidad" ya que, por primera vez todos los españoles y extranjeros con residencia legal en el país tienen garantizado el derecho a la sanidad a través de la tarjeta sanitaria.
Además, ha recalcado que está "especialmente asegurados" los tratamientos de urgencia y el seguimiento de los enfermos crónicos para extranjeros sin cobertura asistencial y sin residencia legal en España, así como la asistencia sanitaria a los menores y las mujeres embarazadas.
"Nadie va a quedar desatendido, pero el que no sea titular de la tarjeta sanitaria deberá abonar dicha asistencia tal y como estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986", ha apuntado.
 
No obstante, ha aseverado que el nuevo marco legal para regular el derecho a ser asegurado y beneficiario de la Sanidad "no es una cuestión de ajuste económico", sino que se trata de cumplir con el reglamento europeo y de garantizar el principio de reciprocidad en relación con el tratamiento que reciben los españoles cuando son atendidos en otros países.
 
Así, ha incidido en que la tarjeta sanitaria es el documento acreditativo para estar asegurado con validez en España y Europa y permite a los españoles tener el derecho a ello en el continente europeo a cargo del erario público español. También, ha advertido, se han adoptado medidas para poner freno al turismo sanitario que, según el informe del Tribunal de Cuentas, ha costado más de 1.000 millones de euros cada año.
GASTO FARMACÉUTICO
 
En otros aspectos, la ministra ha destacado el dato positivo del descenso del gasto farmacéutico en el mes de julio --un 23,93 por ciento--, lo que se ha traducido en un ahorro directo de 221 millones de euros y que ha vinculado a "los frutos" que dan las medidas implantadas en esta materia. Así, ha subrayado que se trata de "un ejemplo de que los gobiernos responsables cuando trabajan juntos pueden obtener resultados beneficiosos para el conjunto de la sociedad".
Mato se ha referido a otras medidas de eficiencia en la Sanidad como la compra centralizada, que ya permitió ahorrar seis millones de euros para la adquisición de la vacuna de la gripe, ha propiciado recientemente un acuerdo para la compra conjunta de vacunas infantiles con una previsión de otros 31 millones de ahorro.
Por último, ha citado la previsión de que la historia clínica digital y la receta electrónica estarán a disposición de todos los españoles "en los próximos meses" para posibilitar un nuevo modelo de receta farmacéutica "con criterio de equidad".
Con todo ello, ha considerado la miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy, "la universalidad, gratuidad y carácter público de la asistencia sanitaria están y van a seguir estando garantizados".
La ministra, que ha agradecido la convocatoria de esta reunión destinada a abordar la política de recursos humanos y a mostrar "el compromiso" del Gobierno y las comunidades autónomas con los profesionales sanitarios. En este encuentro, ha apuntado, se podrá debatir el papel de los trabajadores, "su marco regulatoria, su motivación y su desarrollo profesional", y reflexionar sobre la forma de mejorar su autonomía y responsabilidad y posibles modelos retributivos.
Mato ha reconocido que, desde la aprobación de la LOPS y del Estatuto Marco ha transcurrido un periodo con "un cierto estancamiento en la política común de recursos humanos", por lo que considera apropiado propiciar "soluciones y medidas innovadoras, sensibles a lo que precisan los profesionales".
 
En definitiva, la ministra ha manifestado que espera que se tenga en cuenta la combinación "acertada" de criterios de eficiencia en la gestión y la motivación de los profesionales con el fin de permitir lograr "altos niveles de excelencia y equidad en la asistencia sanitaria".
Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, que ha realizado una presentación de la reunión, ha explicado que se trata de un encuentro en el que se podrán tratar asuntos fuera del orden del día del Consejo Interterritorial, al tiempo que ha justificado que algunos consejeros autonómicos no han podido asistir por encontrarse aún en su período vacacional.
 
Sáez Aguado ha insistido en el "elemento clave" que supone la gestión de los recursos humanos en la actualidad y ha indicado que el consejero catalán Boi Ruiz García abordará en la reunión una propuesta "interesante" sobre el sistema retributivo, mientras que la representante de la Comunidad gallega, Rocío Mosquera, tratará el desarrollo de la carrera profesional.
Canarias rechaza las políticas ''regresivas'' del PP en Sanidad”
Reclaman que se respete el ámbito de decisión de las autonomías y critican que se "imponga" un modelo basado en restricción de derechos.
 
Fuente de la información: www.canariasahora.com
 
Canarias aplicará la ley y busca alternativas a los inmigrantes sin papeles
Los departamentos de Sanidad de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco han manifestado su rechazo a las políticas "regresivas" que en materia de Sanidad está desarrollando el Gobierno del PP y ha pedido al Ministerio que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales y que "respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías".
 
Esta declaración conjunta ha sido realizada después de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, convocara a los consejeros autonómicos de Sanidad en Valladolid, a una reunión "informal" con el objetivo de evaluar el impacto de las medidas de la reforma sanitaria que ya se han puesto en marcha.
Según han recordado las citadas comunidades, que no han acudido a la cita, este encuentro se ha producido en vísperas de la aplicación de "dos nuevos recortes" de la sanidad pública como son la retirada de medicamentos del sistema de financiación pública y la definitiva implantación "de un sistema de aseguramiento ya superado en España por la Ley General de Sanidad, que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles, que ahora dependen de su situación de dependencia familiar o nivel de rentas, y de extranjeros que residen en España".
 
En este sentido, tras señalar que no han querido respaldar con su presencia este conjunto de políticas "regresivas", han asegurado que la solución a la actual situación de retracción de la economía no pasa "por imponer un modelo económico y social" basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como son la educación y la sanidad ni en la privatización de la cobertura y gestión de los servicios públicos.
Por el contrario, estas comunidades consideran el mantenimiento de una sociedad "cohesionada, equitativa y con una sanidad y educación de calidad" son bases "esenciales" para hacer frente a la crisis.
 
Las cuatro comunidades han asegurado que la "mayor fortaleza" del Sistema Nacional de Salud es su "amplio" respaldo popular y profesional, que, según han destacado, ha contado, además, "con el apoyo de todos los partidos españoles que tanto en los diferentes Gobiernos de España como autonómicos han hecho posible un Sistema Nacional de Salud hoy moderno, de calidad y eficiente en lo económico".
En su comunicado, han reconocido que es necesario hacer reformas y creen que serían capaces de encontrar "acuerdos comunes entre responsables políticos, profesionales y agentes sociales". Sin embargo, han advertido de que ese respaldo social, político y profesional "puede quebrarse si prolifera la pérdida de los principios de equidad y cohesión".
A su juicio, es necesario "desterrar definitivamente los tópicos de la ineficacia y despreocupación" que frecuentemente se adjudica a las administraciones, servicios y empleados públicos. "Debemos dignificar su labor ante la sociedad, prestigiar su papel y trabajar de manera conjunta para salir reforzados de esta crisis", han añadido.

En concreto, sobre la actual coyuntura de la sanidad pública, han asegurado que la reforma del Sistema Nacional de Salud "debe de partir siempre del diálogo conjunto institucional y democrático". A su juicio, esa situación no se ha dado hasta ahora y, en concreto, ha criticado el "rechazo" del Gobierno central a tramitar el RDL 16/2012 mediante proyecto de Ley para que estuviera sujeto "a debate y negociación entre los partidos". Tampoco creen que se ha dado en las sucesivas medidas que ha ido adoptando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "sin el adecuado debate técnico y político en el seno del Consejo Interterritorial".

En este sentido, han expresado su rechazo a todas aquellas medidas que vayan "en contra de mantener los principios de universalidad de la atención y cohesión del sistema territorial".

Diálogo

Además, han solicitado al Ministerio de Sanidad, "una vez más", que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales en el seno del Consejo Interterritorial y en las sedes parlamentarias.
También le han reclamado que "respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías" y que entienda que "la sanidad es un espacio constitucional de responsabilidad compartida donde las autonomías han acumulado además un enorme bagaje de experiencias en la mejora de la calidad y eficiencia de la sanidad española sobre la que construir una salida a los actuales desafíos sin menoscabo de los derechos de la ciudadanía".

martes, 28 de agosto de 2012

CEAR CANARIAS
  
Dentro del Proyecto de Inserción laboral Cocina y Servicios ha convocado un concurso de “Cocina con arroz” que se celebra hoy día 28 de agosto de 2012. El seguimiento del concurso lo pueden hacer a traves del siguiente web http://www.alimentacionsaludable-arham.com/    en donde podrán consultar los platos elaborados, ver fotos, y realizar las votaciones de los suculentos platos. El plazo para la realización de las votaciones comienza 28/08/2012 a partir de las 20.00 horas y se cierra el 30/08/2012 pueden votar dejando comentario en la entrada o  en la web enlace mencionada anteriormente o bien a través de twiter@Cearefugio


Para mas información:www.cear.es


Habrá que acreditar la búsqueda de empleo para cobrar la ayuda

MADRID. - EUROPA PRESS

Fuente de información: www.canariasahora.com
Se deberá presentar una instrucción del Servicio Público de Empleo Estatal que pruebe la búsqueda activa de trabajo.

Los desempleados que deseen acogerse al plan Prepara, cuya prórroga aprobó ayer el Gobierno, deberán acreditar, "en la forma que se determine reglamentariamente", que "durante un periodo mínimo de treinta días" han llevado a cabo "acciones de búsqueda activa de empleo", según recoge el Real Decreto-Ley publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según han explicado a Europa Press fuentes de Ministerio de Empleo, para acreditar que se ha buscado empleo activamente bastará con una instrucción del Servicio Público de Empleo Estatal que justifique que efectivamente el solicitante ha llevado a cabo dichas acciones durante al menos un mes de los dos que tiene para solicitar su inclusión en el programa.

Entre dichas actividades de búsqueda activa de empleo contarán también, aquellos trabajos "por cuenta propia o ajena" de corta duración que la persona solicitante pueda realizar en ese plazo.

Asimismo, las personas desempleadas que quieran beneficiarse de la ayuda prevista en el plan Prepara, además de haber agotado su prestación por desempleo y de no tener derecho a cualquiera de los subsidios previstos o hayan agotado alguno de ellos, deberán "llevar inscritas como demandantes de empleo al menos doce de los últimos dieciocho meses" y "tener responsabilidades familiares".

Por otra parte, el texto publicado hoy en el BOE recoge el interés del Gobierno de evitar los solapamientos entre las ayudas del plan prorrogado y aquellas concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales y que no se supere el límite establecido del 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional.

Para reforzar dicho control, el Real-Decreto establece que los desempleados que quieran acogerse al plan deberá aportar, "junto con la solicitud, certificado emitido por dicha Comunidad Autónoma o entidad local donde se haga constar la percepción o no de dichas ayudas, y de su cuantía".

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya confirmó ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros otra de las novedades que incluye la prórroga, y que consiste en que con la nueva regulación, se tendrá en cuenta los ingresos de los ascendientes (padres) a la hora de valorar si el desempleado cumple el requisito de rentas exigido para poder cobrar la ayuda de 400 euros que incluye este plan.

"Aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos anteriormente establecidos, si convive con padres y/o cónyuge, y/o hijos menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido e requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional", reza el texto.

Todas estas medidas entrarán en vigor a partir de mañana pero tendrá efectos retroactivos hasta el 16 de agosto.

 

lunes, 27 de agosto de 2012


Canarias revisa las prestaciones de los servicios de salud para recortar gastos

Los ajustes ya han rebajado este año 76 millones en personal - Los responsables sanitarios preparan un mayor control de urgencias y de la atención gratuita

Fuente de la información: www.laprovincia.es

R. ACOSTA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Los nuevos ajustes presupuestarios que se prevén para 2013 han acelerado la reestructuración planificada por Sanidad en los hospitales y servicios para reducir gastos y optimizar recursos. La revisión de la cartera de prestaciones del Servicio Canario de Salud, la revisión del libre acceso a las urgencias, un mayor control del derecho a la atención sanitaria gratuita y el límite al acceso a ciertos servicios a los no residentes son algunas de las medidas que refleja el Plan de Reequilibrio presentado por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Hacienda.

El Plan de Reequilibrio 2012-2014 presentado para reducir el déficit público contempla medidas en Sanidad como la eliminación de las jefaturas de guardia, la disminución del 10 % del valor de la hora de la guardia, un mayor control en la productividad de los empleados y una reducción de las sustituciones y de las interinidades.

Esta reorganización del Servicio Canario de Salud (SCS) ha disparado las alarmas en los trabajadores y sindicatos, que temen nuevos ajustes y recortes en personal, más cierres de camas y reducción de servicios. Sanidad ya ha disminuido este año en 76 millones de euros los gastos de personal, lo que ha supuesto que unos 1.500 eventuales e interinos no hayan sido contratados o se hayan quedado sin trabajo al finalizar su contrato. Además, Intersindical Canaria (IC) ha protestado ya que Sanidad continúa reduciendo el gasto del capítulo I (personal) de los hospitales para pagar la deuda farmacéutica, factura que asfixia a las arcas de la Comunidad Autónoma.

La reestructuración de servicios y plantas de los hospitales es una constatación diaria para los trabajadores. Sanidad argumenta que se trata de una reorganización necesaria para optimizar los recursos pero el hecho es que en hospitales como el Doctor Negrín, Materno-Infantil y Universitario se han eliminado camas, se han cerrado plantas o se están reubicando servicios. En la mayoría de los casos estas medidas conllevan reducciones de plantilla, con menos trabajadores por cada turno.

Los recortes han provocado una orden taxativa a las gerencias de los hospitales: reducir al máximo el personal eventual contratado para cubrir las vacaciones estivales del personal fijo. Esta situación obliga a los trabajadores de plantilla de algunos servicios a modificar sus vacaciones por la disminución del personal eventual.

Más allá del gasto estricto en sueldos y complementos retributivos, Sanidad aplicará de forma paulatina otra serie de medidas que se irán desarrollando en los próximos meses y en 2013 ante la evidencia de que en los presupuestos del próximo año habrá nuevos ajustes.

Según los sindicatos, sólo entre enero y junio de este año ya son más de 1.500 los trabajadores de los que se ha prescindido en la Sanidad canaria, cifra que aumentará cuando se haga balance del personal que se ha dejado de contratar durante el verano para cubrir vacaciones, bajas y reforzar los servicios más afectados por las listas de espera. A esta situación hay que añadir otros factores como la eliminación de la paga extra de Navidad, el aumento de la jornada laboral y la pérdida de hasta 17 días libres por las medidas aprobadas por el Gobierno central.

Intersindical Canaria denuncia en la página web de la Federación de Salud que Sanidad ha seguido detrayendo fondos de los gastos de personal en los grandes hospitales de las Islas, con la batería de medidas que viene adoptando en los últimos meses, y que la Consejería está destinando este dinero a pagar la deuda que aún mantiene el Ejecutivo con las oficinas de farmacia, que hace poco recibieron los fondos del mes de mayo y que están pendientes de cobrar los gastos farmacéuticos de los meses de junio y julio.

Canarias aplicará la ley y busca alternativas a los inmigrantes sin papeles
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - ACN

Fuente de la información: www.canariasahora.com
La Sanidad isleña espera recibir datos de Madrid para identificar historiales clínicos sin cobertura.

La directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Juana María Reyes, ha anunciado este jueves que Canarias está a la espera de que el Gobierno de España remita "la base de datos con información de los pacientes inmigrantes que hay que dar de baja por no tener la documentación en regla" y que "a partir de ahí, también estaremos nosotros en disposición de indentificar quiénes son, en que centros están, desde cuando se les está dando atención y qué situación clínica tienen para dar una respuesta alternativa a la prestación de servicios a este tipo de colectivo".

La responsable del SCS anuncia que se establecerá un "circuito específico" para la atención de inmigrantes irregulares con enfermedades infecto-contagiosas una vez entre en vigor el Real Decreto del Gobierno de España que limita la asistencia sanitaria a ese colectivo.

Reyes también ha dicho este jueves que "se dará asistencia a todos los menores de 18 años independientemente que tengan que establecer un convenio específico, pero no tienen ninguna necesidad de contraprestación económica alguna".

Reyes explicó que también se atenderá a las mujeres embarazadas, los partos y el periodo de puerperio, además de las urgencias de accidentes y enfermedades graves "en esta población".

"Canarias continúa en el mismo planteamiento desde el principio, se va a dar cumplimiento al Real Decreto", afirmó Reyes, quien quiso "lanzar un mensaje de tranquilidad porque todas las personas con un proceso abierto o en lista de espera para una intervención quirúrgica previamente a la entrada en vigor del Decreto se les llamará para ser intervenidos conforme corresponda a la lista".

 


MEDICOS DEL MUNDO CAMPAÑA PARA ATENDER A LOS INMIGRANTES